El Consejo Europeo aprueba la simplificación de las normas de inteligencia artificial dentro del paquete «Digital Omnibus».

 

El Consejo Europeo ha dado luz verde definitiva a un nuevo reglamento diseñado para racionalizar y simplificar el marco regulador de la IA en la Unión Europea.

Esta normativa, que forma parte del paquete legislativo ‘ómnibus VII’, tiene como objetivo principal reducir las cargas administrativas y facilitar la aplicación armonizada de la Ley de IA, manteniendo un equilibrio entre la seguridad y la competitividad del ecosistema digital.

Una de las medidas más relevantes para las empresas y centros tecnológicos es el aplazamiento del calendario de aplicación para los sistemas de IA de alto riesgo. Las nuevas fechas clave son las siguientes:

 

2 de diciembre de 2027: fecha de aplicación para los sistemas independientes de IA de alto riesgo.

2 de agosto de 2028: fecha de aplicación para los sistemas de IA de alto riesgo que se encuentren integrados en productos.

Para las entidades del sector IT, el reglamento introduce otros ajustes operativos de gran calado:

Prohibiciones inmediatas: a partir de diciembre de 2026, quedarán prohibidas las prácticas de IA destinadas a la creación de contenidos sexuales o íntimos no consentidos, así como la generación de material de abuso sexual de menores.

Transparencia en contenidos generados por IA: el periodo de transición para aplicar soluciones de marcado y transparencia se acorta, fijando el nuevo límite en el 2 de diciembre de 2026.

Espacios controlados de pruebas (sandboxes): se pospone al 2 de agosto de 2027 el plazo para que las autoridades nacionales establezcan estos entornos de experimentación.

Legislación sectorial: se establece un mecanismo para evitar solapamientos normativos en sectores con requisitos específicos, como el de los productos sanitarios, ascensores o embarcaciones, priorizando la legislación sectorial mediante actos de ejecución.

 

Asimismo, el texto clarifica las competencias de la Oficina de IA en la supervisión de sistemas basados en modelos de uso general, especialmente cuando desarrollador y proveedor coinciden, delimitando claramente cuándo deben intervenir las autoridades nacionales en ámbitos como la justicia o las instituciones financieras.